martes, 19 de octubre de 2010

El Ayuntamiento de Lebrija condenado por acoso laboral












El pasado martes 19 de octubre tuvo lugar en el Polígono Industrial Las Marismas una rueda de prensa donde los populares lebrijanos fijaron su postura sobre la sentencia 2555/2010 recientemente conocida sobre el llamado Caso "Hugo". Dicha sentencia pone de manifiesto el "mobbing" o acoso moral en el trabajo que desde el Equipo de Gobierno formado por PSOE e IU, se puso en marcha hacia este empleado, a los pocos días de ganar las elecciones el bipartito y donde se sustituyó al trabajador Carmelo González de su puesto de trabajo original en el polideportivo, por personal afín. Desde entonces el Conserje fue trasladado a diferentes destinos, no acordes con su categoría profesional y sin contenido, que alcanzaron su culmen cuando fue destinado al Polígono Industrial Las Marismas, desde donde se realizaba la rueda de prensa.

El “mobbing” o acoso moral en el trabajo es definido en esta sentencia como: "un proceso de destrucción que se compone de una serie de actuaciones hostiles que, tomadas de forma aislada podrían parecer anodinas, pero cuya repetición constante tiene efectos perniciosos".

Las sentencias 1148/2009 del Juzgado de lo Social Nº 9 de Sevilla relativa al expediente disciplinario abierto a Carmelo así como la 2555/2010 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, han revelado de modo palmario, la forma de actuar injusta y vergonzosa del Ayuntamiento de Lebrija con el empleado municipal Carmelo González Rodríguez.

Y es que ambas sentencias no pueden ser más explícitas. A continuación extraemos algunos párrafos que describen claramente estos hechos:

- En referencia a las primeras medidas tomadas por la Alcaldesa de Lebrija después de ganar las elecciones, encontramos: “Como primera medida, en julio de 2007, se sustituye en dicho centro al actor por personal interino afín o del agrado del PSOE”. (De esta forma era retirado el afectado del polideportivo donde trabaja con regularidad por personal afín o del agrado del PSOE).

- Al quejarse el actor ante esta situación, por Decreto de Alcaldía el actor fue trasladado en 11.08.08 a lo que se denominó, “Bulevar Polígono Industrial Las Marismas”, que no es más que un solar o escombrera en aislado polígono industrial, a las afueras de la localidad, en las proximidades de una fábrica de tomates, sometido a extremas temperatura, sin servicios, mobiliario ni lugar de refugio alguno, sólo y a la intemperie, sin que su puesto de trabajo, que hasta ese momento no existía, tuviera contenido funcional alguno en horario sólo de mañana, lo que motivó la intervención de la Delegación Sindical de CC.OO.” (Así respondía el Ayuntamiento a las protestas del trabajador por denunciar su situación irregular en el Mirador de la Peña).

- “habiendo quedado acreditado el trato vejatorio alegado por el trabajador que se ha visto sometido a aislamiento, vejaciones, penosidades, humillaciones y falta de contenido funcional en relación con la prestación de los servicios no sólo de su categoría sino de cualquier otra. Constatada por tanto la existencia de acoso laboral… por prueba objetiva y específicamente con relación a la conducta de las dos personas que se mencionan en anteriores fundamente” (Aclaración de la Sala de lo Social del TSJA sobre el acoso al que se sometió a Carmelo González).

- “(el presente caso)… ha supuesto que el trabajador haya soportado la tramitación de un injusto expediente sancionador y la exposición pública ante los vecinos del pueblo, barriendo un solar o un paseo alejado sin que ello tenga nada que ver con la categoría profesional”.

El resultado de este ejemplo de lo que no debe hacer un gobernante es una indemnización de 6000€ que el Ayuntamiento deberá pagar solidariamente además de las costas judiciales fijadas en 600€, un capítulo bochornoso que demuestra nuevamente el sectarismo del Equipo de Gobierno que dirige María José Fernández.
Desde el Partido Popular se pedirá el cese del Director del Área de Mantenimiento de la Ciudad como uno de los principales actores, de la Directora de Régimen Interior y del delegado de Régimen Interior David Pérez Hormigo como responsable político de todo este asunto.

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